El Tribunal Supremo de España ha decidido no suspender de manera cautelar la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno, alegando el interés público y el impacto humano de la medida.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo destaca que la norma busca la plena integración de extranjeros que llevan tiempo en España y no pueden acceder a permisos de residencia temporales por circunstancias excepcionales.

Los magistrados subrayan que esta integración fortalece la Seguridad Social, mejora la recaudación tributaria y contribuye a un mercado laboral más transparente, además de garantizar derechos y prevenir explotación laboral.

Sin embargo, dos magistrados emitieron un voto particular defendiendo la paralización cautelar del decreto, señalando que presenta rasgos de una amnistía administrativa y que podría entrar en conflicto con normativas de rango superior, como los Reglamentos de la Unión Europea.Por su parte, el tribunal rechazó los recursos de asociaciones como Hazte Oír por falta de legitimación activa.

La decisión refleja un equilibrio entre la protección de derechos humanos y las consideraciones legales, dejando patente la importancia de la regularización para la integración social y económica de los migrantes en España.