La justicia de Países Bajos ha ejecutado el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht como parte de un proceso para recuperar las cantidades adeudadas por el Estado español a inversores en energías renovables.

Estos acreedores reclaman el pago de compensaciones derivadas de los recortes retroactivos aplicados hace más de una década a las primas del sector, que han sido reconocidas en múltiples laudos arbitrales y resoluciones judiciales internacionales.Representantes legales de los inversores ya han tomado posesión efectiva del inmueble, avanzando así en la ejecución de dichas resoluciones.

La legislación neerlandesa facilita este tipo de procedimientos, permitiendo a los acreedores asumir el control de bienes embargados y proceder a su venta para saldar deudas.

En este caso, el edificio, situado en una zona de alto valor inmobiliario, está valorado en torno a 10 millones de euros y se prepara su subasta pública.

Los inversores aseguran que han intentado negociar con el Gobierno español sin éxito, lo que les ha llevado a recurrir a acciones judiciales en diferentes países.

De hecho, este caso forma parte de una creciente presión internacional sobre España, que acumula varias resoluciones desfavorables en jurisdicciones como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Singapur.En Bélgica, además, hay retenidos unos 250 millones de euros vinculados a procedimientos similares.El importe total reclamado supera los 2.300 millones de euros.

Los acreedores advierten de que continuarán con la ejecución de activos en aquellos países donde existan mecanismos legales eficaces para hacer cumplir las sentencias, lo que podría derivar en nuevas incautaciones de bienes públicos españoles en el extranjero.