En Ecuador entró en vigencia una reforma legal que otorga nuevas atribuciones a la Contraloría General del Estado en materia de gestión de información clasificada.

La norma fue publicada en el Registro Oficial como parte de la Ley para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes de la Policía y las Fuerzas Armadas, aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada por el presidente Daniel Noboa.

Aunque el objetivo principal de la ley es sancionar el uso indebido de uniformes e insignias de las fuerzas de seguridad, una disposición adicional modificó la Ley Orgánica de la Contraloría.

Con este cambio, la Contraloría podrá, mediante resolución motivada y bajo estrictas medidas de seguridad institucional, disponer la eliminación, destrucción o borrado seguro de documentos físicos y digitales que contengan información confidencial, reservada, secreta o secretísima.

Esta facultad se aplicará a información vinculada a procesos internos como auditorías, exámenes especiales, actuaciones o expedientes institucionales, y deberá ejecutarse dentro de un plazo máximo de 30 días calendario.

Sin embargo, la normativa establece límites claros: no podrá eliminarse información relacionada con procesos judiciales en curso, investigaciones penales vigentes, responsabilidades civiles o administrativas, ni indicios de responsabilidad penal no prescritos.Además, la Contraloría deberá emitir una normativa secundaria para regular el procedimiento de aplicación de esta nueva competencia.La disposición ya forma parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano tras su publicación en el Suplemento N.º 316 del Registro Oficial.

Su implementación abre un nuevo marco de gestión documental dentro del órgano de control, al tiempo que busca establecer protocolos más estrictos sobre el manejo de información sensible en el Estado.