El consultor en movilidad Alexis Ortiz analiza críticamente el reciente acuerdo entre el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y los transportistas urbanos, que consiste en otorgar un subsidio de mil dólares por unidad hasta diciembre, con el objetivo de frenar el alza del pasaje.

Ortiz advierte que la medida no mejora la calidad del servicio ni aplica lo establecido en la Ordenanza 17 del 2020, ya que carece de controles efectivos y de un sistema de recaudo electrónico.

Según el especialista, la ciudad está pagando por la ineficiencia del sistema de transporte, que incluye vehículos irregulares y rutas mal distribuidas.

Destaca que un cambio real requeriría la gestión de flotas unificadas, monitoreo de recorridos, itinerarios basados en demanda y controles aleatorios en vía, tal como se aplicaba hasta 2002.

Además, señala que la electromovilidad por sí sola no resolverá los problemas estructurales, y que los contratos prolongados para buses eléctricos podrían no ser viables si los transportistas no cumplen criterios de eficiencia ni son sujetos de crédito.

Ortiz enfatiza la necesidad de retomar métodos de control y planificación técnica para garantizar un transporte más seguro y organizado, en lugar de depender únicamente de subsidios políticos.