El concurso para designar al nuevo fiscal general del Estado se encuentra estancado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), lo que refleja una falta de decisiones por parte del pleno del consejo.

La renuncia de uno de sus vocales ha complicado aún más el proceso, aunque se espera que el nuevo miembro pueda resolver la situación si existe la voluntad política.

Este retraso se suma al pausado proceso de renovación de los vocales del Consejo Nacional Electoral, ambos afectados por consideraciones políticas más que por reglamentos.

La falta de avances en estos concursos genera críticas sobre la imposibilidad de contar con un sistema de selección transparente, mientras que los contribuyentes continúan pagando por procesos que dependen del poder político.

La situación evidencia cómo las decisiones en materia de nombramientos están influenciadas por intereses políticos, lo que pone en duda la independencia de los órganos de control.La Asamblea Nacional podría intervenir para definir nuevas medidas, pero la inacción persiste como un obstáculo para la institucionalidad en el país.