El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio su aval a la amnistía concedida por el gobierno español a 399 personas vinculadas al proceso independentista catalán, liderado por Puigdemont.

Esta decisión, tomada tras un análisis de los intereses financieros de la UE, permite que más de 400 individuos relacionados con el fallido intento de secesión en 2017 se beneficien de la medida.

Sin embargo, líderes como Puigdemont, quien huye de la justicia española, no quedan cubiertos por la ley debido a su vinculación con delitos de malversación.

El ministro Bolaños destacó que la ley aún no se aplica a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista, lo que podría generar tensiones en el gobierno de Sánchez, que enfrenta escándalos de corrupción y una popularidad en baja.

La decisión refleja el equilibrio entre la justicia penal y los intereses internacionales, pero también plantea cuestiones sobre la legitimidad de los actos políticos en la UE.

Este caso resalta la complejidad de las relaciones entre la justicia española, la UE y los movimientos separatistas, marcando un hito en la política europea actual.