La exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, presentó una solicitud de reconsideración ante la Contraloría General de la República (CGR) para que anule el fallo emitido en su contra.

El órgano fiscalizador determinó que ella excedió sus facultades al solicitar información sensible sobre una investigación penal en curso apenas 48 horas después de asumir su cargo el 11 de marzo.

En el dictamen N° D344/2026, se analizó el oficio reservado N° 28, mediante el cual Steinert requirió a la PDI una nómina detallada de funcionarios de una Brigada Antinarcóticos vinculados a una causa específica en Iquique.La decisión generó debate sobre los límites de autoridad y transparencia en procesos investigativos.El caso refleja tensiones entre instituciones públicas y la necesidad de equilibrio entre acciones legales y responsabilidad administrativa.