El debate sobre la creación de una ley antimafia en Ecuador tomó fuerza tras las declaraciones del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien planteó la necesidad de reformar el modelo de seguridad para enfrentar el crecimiento del crimen organizado.

Especialistas consultados coinciden en que el sistema penal ecuatoriano, basado en el COIP, fue diseñado para perseguir delitos individuales y no redes criminales complejas con alcance financiero, territorial e institucional.

El abogado penalista Julio César Cueva explicó que una eventual ley antimafia no debería enfocarse únicamente en endurecer penas, sino en crear herramientas modernas de investigación y persecución patrimonial.

Entre las medidas planteadas constan la extinción de dominio más ágil, el rastreo de activos ilícitos, el uso de inteligencia financiera, agentes encubiertos e interceptaciones, además de sanciones contra empresas utilizadas como fachadas para actividades ilegales.

Los expertos sostienen que el principal poder de las mafias radica en su capacidad económica y en la corrupción, por lo que golpear sus finanzas tendría un impacto mayor que la captura de sicarios o microtraficantes.También se analizan modelos internacionales.El italiano, enfocado en seguir el dinero y aislar a líderes criminales, es visto como más compatible con la realidad ecuatoriana.

En contraste, el modelo de El Salvador, basado en regímenes de excepción y detenciones masivas, genera dudas debido a las limitaciones constitucionales del país.Los analistas advierten que una ley mal diseñada podría provocar abusos de poder o vulneraciones de derechos.

Por ello, consideran fundamental fortalecer las instituciones y establecer controles adecuados para evitar persecuciones políticas y garantizar resultados efectivos contra el crimen organizado.