El Ministerio Público del Perú ha decidido ampliar por ocho meses adicionales la investigación preliminar contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, y otros exfuncionarios, por la presunta comisión del delito de colusión agravada en perjuicio del Estado.

La medida incluye nuevas diligencias como el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones de los implicados, con el objetivo de identificar posibles transferencias sospechosas y coordinaciones irregulares.

El caso está relacionado con presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de transporte de carga utilizado para el despliegue y repliegue del material electoral en la primera vuelta de las Elecciones 2026.

Según la tesis fiscal, funcionarios de la ONPE habrían intervenido en distintas fases del proceso de contratación pública para favorecer a la empresa Servicios Generales Gálaga S.A.C., que finalmente obtuvo la buena pro del concurso.

La investigación sostiene que la empresa habría presentado información sobre su capacidad operativa que no se ajustaba a la realidad, lo que habría sido pasado por alto durante el proceso de evaluación.

Además, se cuestiona la existencia de criterios técnicos presuntamente diseñados a medida y la falta de observaciones por parte de los comités de control internos.Entre las personas investigadas figuran varios exfuncionarios de la ONPE.

La Fiscalía cuenta con documentación previa del proceso, como términos de referencia, contratos y registros administrativos, pero considera necesario ampliar las indagaciones para esclarecer si existió un pacto ilícito entre servidores públicos y la empresa adjudicada.