La nueva ordenanza cívica promovida por el Ayuntamiento de Zaragoza ha generado debate por su enfoque sancionador hacia el sinhogarismo.La norma contempla multas de hasta 3.

000 euros para quienes duerman en parques o espacios públicos, desplazando la atención del problema desde la protección social hacia la penalización de conductas vinculadas a la pobreza.

Esto plantea un conflicto con el artículo 47 de la Constitución española, que reconoce el derecho a una vivienda digna, y cuestiona la proporcionalidad y eficacia de las sanciones.

La medida contrasta con programas anteriores como Hábitat, basado en el modelo Housing First, que ofrecía vivienda estable como base para la inclusión social y había demostrado buenos resultados en salud y permanencia en la vivienda.

Tras cambios políticos, las políticas de vivienda se orientaron más hacia la dinamización del mercado inmobiliario, mientras que la nueva ordenanza centra la gestión urbana en el control del espacio público y la regulación sancionadora.

Expertos legales y organismos internacionales advierten sobre los riesgos de criminalizar la pobreza, generando exclusión y vulnerabilidad adicionales, sin atacar las causas estructurales del sinhogarismo.

Así, la norma refleja un cambio de paradigma: de un enfoque de derechos y acompañamiento social a uno basado en la disciplina urbana y la penalización indirecta de la exclusión social.