Entre el 2022 y el 2025, el gobierno peruano destinó US$4.764 millones a Petro-Perú mediante ocho decretos supremos para cubrir préstamos, garantías y aportes de capital, buscando sostener la empresa estatal frente a su crisis financiera y administrativa.A pesar de estos recursos, la petrolera continuó acumulando pérdidas, alcanzando más de US$2.576 millones en los últimos cuatro años, mientras que su deuda total es casi cuatro veces su patrimonio.

Expertos destacan que los fondos podrían haberse invertido en proyectos sociales y de infraestructura con un mayor impacto en el bienestar de la población, como construir 260 colegios de alto rendimiento, 77 hospitales de mediana complejidad o duplicar el presupuesto en seguridad y programas de desarrollo infantil temprano.La reciente línea de financiamiento de US$2.000 millones con garantía del Estado, equivalente a S/6.

800 millones, cubriría únicamente deudas y pagos de corto plazo, sin solucionar problemas técnicos como la reparación de la unidad de Flexi Coking en la refinería de Talara.

Analistas advierten que los rescates continuos sin una solución integral técnica y financiera representan un costo de oportunidad significativo para el país, limitando la ejecución de programas sociales, educativos y de salud que podrían beneficiar directamente a millones de peruanos en situación de pobreza y pobreza extrema.