El gobierno español ha declarado la emergencia nacional tras la rápida propagación de los incendios forestales en Madrid y Ávila, que han obligado al desalojo de más de 11.500 personas.

La situación se ha complicado por la simultaneidad de varios frentes activos y las condiciones meteorológicas adversas, lo que ha requerido la movilización de 1.000 militares, bomberos, agentes forestales y la Guardia Civil.

Además, se ha solicitado apoyo a la Unión Europea mediante el Mecanismo Europeo de Respuesta, que incluye la envío de cuatro medios aéreos de extinción desde Grecia e Italia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lideró la petición de la declaración de emergencia nacional, que busca coordinar la acción bajo criterios de dirección única debido al riesgo para la población y el medio ambiente.

La crisis ha generado un impacto supraterritorial, exigiendo una respuesta coordinada entre comunidades autónomas como Andalucía y Extremadura, que enviarán efectivos adicionales para contener el fuego.