La Policía del departamento de Santander presentó recientemente el cartel de las personas más buscadas en la región, conformado por siete individuos que son requeridos por las autoridades judiciales por su presunta participación en diversos delitos de alto impacto. Entre los señalados se encuentran personas investigadas por homicidio agravado, feminicidio, hurto calificado y agravado, acceso carnal violento contra menores de edad, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. Según el reporte oficial, algunos de los casos más graves incluyen hechos de violencia intrafamiliar y homicidios ocurridos en municipios como Albania, Barbosa, Vélez y Sabana de Torres. En uno de los casos mencionados, se señala la presunta responsabilidad de un individuo en el asesinato de su propio progenitor, mientras que otros están vinculados a ataques armados y ajustes de cuentas que dejaron víctimas fatales, incluyendo miembros de la fuerza pública. Las autoridades destacaron que este grupo de personas representa una amenaza para la seguridad y la convivencia ciudadana en la región. Por ello, se ha desplegado un dispositivo especial de búsqueda y se habilitaron líneas telefónicas para que la ciudadanía pueda aportar información de manera confidencial sobre el paradero de los prófugos. La Gobernación de Santander ofreció además recompensas de hasta 50 millones de pesos por datos que permitan su ubicación y captura. La Policía Nacional reiteró que se garantiza absoluta reserva para quienes colaboren con información útil, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y reducir los niveles de violencia en el departamento.

La Universidad de Antioquia suspendió las actividades académicas este miércoles luego de que un grupo de personas encapuchadas ingresara al campus y protagonizara disturbios en diferentes zonas de la institución. Según información preliminar entregada por las autoridades de Medellín, más de 40 individuos habrían participado en los hechos, generando preocupación entre estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad. De acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, desde horas de la mañana comenzaron a escucharse detonaciones dentro de las instalaciones universitarias. Algunos de estos momentos quedaron registrados en videos grabados por personas que se encontraban en el lugar y que posteriormente fueron compartidos con medios de comunicación. Ante la situación, las directivas de la universidad ordenaron la evacuación preventiva del campus y la cancelación inmediata de las clases y demás actividades programadas para la jornada. La Secretaría de Seguridad de Medellín indicó que se mantiene monitoreo sobre la situación mientras las autoridades buscan controlar los disturbios y garantizar la seguridad en el sector. Hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre personas heridas o capturadas relacionadas con los hechos. La noticia continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas tanto la Universidad de Antioquia como las autoridades locales entreguen más detalles sobre las causas de los disturbios y las medidas que se tomarán para restablecer la normalidad en el campus.

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) de Colombia radicó ante un juzgado especializado en Sincelejo una demanda en favor de la comunidad campesina de La Europa, ubicada en la zona rural de Ovejas, Sucre. El proceso busca la restitución de un predio colectivo de 1.245 hectáreas que habrían sido objeto de despojo y abandono forzado debido a décadas de violencia armada en la región de los Montes de María. Según la reconstrucción del caso, la comunidad fue inicialmente beneficiaria de una adjudicación de tierras en 1969 por parte del antiguo Incora, pero a partir de los años noventa comenzó a sufrir incursiones de grupos armados ilegales como las FARC, el ELN y estructuras paramilitares, lo que generó desplazamientos masivos y graves violaciones a los derechos humanos. Posteriormente, también se reportan afectaciones por operaciones militares y presuntas irregularidades en la ocupación y compra de predios por actores privados. La demanda, radicada bajo la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, reconoce a La Europa como sujeto colectivo campesino y busca no solo la devolución del territorio, sino también medidas integrales de reparación. Estas incluyen garantías de seguridad para el retorno, proyectos de desarrollo agrícola, inversión social y mecanismos de no repetición. El caso es considerado emblemático por la complejidad del conflicto en la zona y por la participación de múltiples actores armados y civiles a lo largo de varias décadas.

El artículo analiza la posible estrategia de seguridad y paz de Abelardo de la Espriella en caso de llegar a la presidencia de Colombia, partiendo de su discurso de mano dura bajo la premisa de que no debe haber negociación con los criminales. Sin embargo, el texto plantea una hipótesis más compleja: que su eventual gobierno podría terminar recurriendo a formas de sometimiento negociado con grupos armados ilegales, más allá de la retórica inicial de confrontación militar. El autor sostiene que, aunque su campaña se basa en el fortalecimiento de la autoridad estatal y la acción coercitiva, la realidad del conflicto colombiano podría obligarlo a combinar presión militar con procesos de negociación indirecta. Se recuerda la experiencia previa de De la Espriella como abogado de miembros de las AUC durante su desmovilización, lo que podría servirle como base narrativa para futuras estrategias de sometimiento. El texto también compara este posible escenario con el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, resaltando la relación entre presión militar y negociación política como un patrón recurrente en Colombia. Además, se advierte que un eventual gobierno de este perfil enfrentaría limitaciones importantes: una Fuerza Pública con recursos restringidos, la necesidad de cooperación internacional y la imposibilidad de confrontar simultáneamente a todos los grupos armados, lo que obligaría a priorizar actores como disidencias de las FARC y el ELN. El artículo concluye que una eventual “paz de derecha” basada en sometimiento podría ser políticamente viable, pero dependería de condiciones institucionales, militares y jurídicas aún inciertas.

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que 11 menores de edad se encuentran entre las víctimas mortales de los enfrentamientos ocurridos el 26 de mayo en una zona rural de San José del Guaviare. Los combates involucraron a facciones disidentes de las antiguas Farc asociadas a alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’, grupos que mantienen disputas por el control de actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión. Durante una misión humanitaria realizada el 29 de mayo con participación de la Defensoría del Pueblo y autoridades locales, fueron recuperados 48 cuerpos. Tras los análisis forenses, Medicina Legal logró identificar a 43 de las víctimas. Entre ellas se encuentran 39 hombres y nueve mujeres, mientras que los menores identificados corresponden a ocho hombres y tres mujeres. Cinco cuerpos continúan sin ser identificados y todos corresponden a hombres. La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su preocupación por la muerte de menores en el contexto del conflicto armado y cuestionó el impacto que estas organizaciones ilegales tienen sobre niños y adolescentes. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que los fallecidos serían presuntamente integrantes de los grupos armados involucrados en los enfrentamientos. También afirmó que la presencia de menores en estas estructuras evidencia prácticas que vulneran los derechos de la niñez y constituyen graves violaciones al derecho internacional humanitario. Las autoridades continúan adelantando los procesos de identificación y entrega de los cuerpos a sus familiares, mientras avanzan las investigaciones sobre los hechos ocurridos en esta región del país.

Las autoridades colombianas capturaron en Medellín a un hombre conocido con el alias de 'Capo', de 39 años, quien era requerido por la justicia de Estados Unidos por su presunta participación en una red de tráfico internacional de armas de fuego. La operación fue resultado de la cooperación entre la Policía Nacional, la administración distrital de Medellín y la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI). El procedimiento se llevó a cabo en el sector de Florida Nueva, en Laureles, comuna 11 de la ciudad. De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso operaba de manera independiente como enlace para el ingreso ilegal de armas desde Estados Unidos hacia Colombia. Para evitar ser detectado por las autoridades, habría construido una fachada como productor musical en Medellín, actividad que le permitía mantener un perfil bajo mientras continuaba con sus presuntas actividades ilícitas. Las autoridades señalaron que utilizaba diferentes modalidades de ocultamiento en encomiendas internacionales para introducir armamento al país. Tras su captura, se iniciaron nuevas investigaciones para rastrear el destino de las armas ingresadas ilegalmente, identificar a los posibles compradores y determinar qué organizaciones criminales pudieron beneficiarse de estas operaciones. Fuentes cercanas al caso indicaron que el armamento traficado podría haber llegado a grupos armados organizados y estructuras delincuenciales que operan en Antioquia. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso de extradición para que responda ante las autoridades judiciales estadounidenses por los cargos que enfrenta en ese país.

Un análisis publicado por el antropólogo Jorge Giraldo en La Silla Vacía compara las propuestas presidenciales de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en temas relacionados con política cultural, diversidad étnica, educación e investigación científica. El ejercicio utiliza una metodología de “semáforo”, donde el color verde representa propuestas claras y desarrolladas, el amarillo refleja ambigüedades y el rojo evidencia vacíos o riesgos en la implementación. En materia cultural y étnica, el texto destaca que la propuesta de Iván Cepeda incluye un desarrollo amplio sobre diversidad cultural, lenguas nativas, saberes ancestrales y participación de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Según el análisis, su enfoque entiende la cultura como un derecho y un componente central de la democracia. Por otro lado, la propuesta de Abelardo de la Espriella menciona la cultura de forma más general, enfocándose principalmente en identidad nacional y desarrollo social, sin profundizar en políticas diferenciales para comunidades étnicas. En educación e investigación, el análisis señala que Cepeda prioriza el fortalecimiento de la educación pública, las universidades estatales, la investigación científica y la inclusión social. También incorpora enfoques interculturales y regionales. En contraste, la propuesta de De la Espriella enfatiza la formación técnica, el bilingüismo, la educación virtual y la relación entre educación y mercado laboral, con una visión más orientada a la productividad y la innovación tecnológica. El artículo concluye que la propuesta de Cepeda presenta mayor desarrollo programático y conceptual en temas de educación, cultura e investigación, mientras que la de De la Espriella pone más atención en competitividad y empleabilidad. Además, se menciona el debate generado por comparaciones entre sectores cercanos a De la Espriella y políticas de reducción estatal similares a las impulsadas por Javier Milei en Argentina.

A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, las campañas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella han intensificado sus esfuerzos por atraer a los votantes de centro, especialmente aquellos que respaldaron al exgobernador Sergio Fajardo, quien obtuvo cerca del 4,3 % de los votos en la primera vuelta. Sin un candidato claro de su preferencia en el balotaje, este electorado se ha convertido en un objetivo clave para ambas campañas. Desde el Pacto Histórico, el exministro Juan Fernando Cristo ha impulsado la idea de un Gran Acuerdo Nacional e invitado a figuras como Claudia López, Sergio Fajardo y Juan Daniel Oviedo a dialogar sobre posibles acercamientos. Sin embargo, algunas de estas versiones han sido desmentidas por actores cercanos a Fajardo, como la representante Jennifer Pedraza y el exasesor Andrés Vecino, quienes afirman que no existen conversaciones formales con el candidato ni con su equipo. Por otro lado, sectores cercanos a la derecha, representados por Paloma Valencia, también han buscado acercar al centro político mediante invitaciones a cafés y llamados a la unidad para apoyar la candidatura de Abelardo de la Espriella. Estas gestiones evocan intentos previos que no prosperaron, como el acercamiento fallido entre Valencia y Fajardo en primera vuelta. El trasfondo de estas movidas es el cálculo político del “mal menor”, en el que algunos votantes de centro consideran apoyar a Cepeda para evitar un gobierno más radical, mientras otros evalúan la abstención o incluso respaldar a la derecha. En conjunto, el escenario muestra una fuerte disputa por el electorado moderado, que podría ser decisivo en el resultado final de la elección presidencial.

La Alcaldía de Santiago de Cali mantiene vigente la medida de pico y placa para vehículos particulares como parte de sus estrategias para mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular en la ciudad. Para el miércoles 3 de junio de 2026, la restricción aplica a los automotores cuyas placas terminan en los dígitos 5 y 6, y estará activa en el horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m. El objetivo principal de esta normativa es descongestionar las principales vías durante las horas de mayor tráfico, promoviendo una circulación más fluida y ordenada. De acuerdo con el esquema de rotación establecido, cada día hábil de la semana tiene asignados ciertos dígitos de placa, lo que permite distribuir de forma equitativa las restricciones entre los conductores. Los lunes aplican las placas terminadas en 1 y 2, martes en 3 y 4, miércoles en 5 y 6, jueves en 7 y 8, y viernes en 9 y 0. La medida no aplica para motocicletas, las cuales pueden circular sin restricción durante toda la jornada. Además, existen excepciones para ciertos tipos de vehículos, como los oficiales, los eléctricos e híbridos, los de carga pesada con capacidad igual o superior a cinco toneladas y aquellos que hayan pagado la tasa por congestión o contaminación. Las autoridades de movilidad de Cali reiteran la importancia de cumplir con esta regulación para evitar sanciones económicas y contribuir a una mejor calidad del tráfico urbano.

El candidato presidencial Iván Cepeda decidió desbloquear la cuenta oficial del canal regional Teleantioquia en la red social X (antes Twitter) luego de que el medio denunciara públicamente la restricción, señalando que esta afectaba su labor periodística y el acceso a información relevante en el contexto de la campaña electoral. La controversia surgió cuando el canal público emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por haber sido bloqueado por el aspirante presidencial, argumentando que esta acción limitaba la interacción directa con los contenidos publicados y dificultaba el seguimiento informativo que realiza el equipo periodístico sobre figuras políticas en contienda. Teleantioquia advirtió que este tipo de restricciones puede representar un obstáculo para el ejercicio de la libertad de prensa, especialmente en periodos electorales, donde el acceso a la información y la posibilidad de monitorear a los actores políticos resulta fundamental para la ciudadanía. El canal insistió en la importancia de garantizar condiciones abiertas de comunicación entre medios y candidatos, subrayando el papel de los medios públicos en la democracia. Horas después de la publicación del reclamo, Iván Cepeda respondió desde su cuenta en X informando que había levantado el bloqueo contra el medio. Su mensaje fue breve y formal, indicando que restablecía la interacción con la cuenta del canal. El hecho generó discusión en redes sociales sobre los límites del uso de herramientas de bloqueo en plataformas digitales por parte de figuras públicas y su impacto en el acceso a la información durante procesos electorales.