Israel ha aprobado leyes que permiten la aplicación de la pena de muerte contra palestinos, con un enfoque en juicios públicos y transmitidos en directo.

La legislación, impulsada por figuras de extrema derecha, incluye medidas retroactivas y criterios probatorios laxos, como pruebas obtenidas bajo tortura.

La nueva ley permite condenas basadas en sospechas y excluye intercambios de prisioneros, mientras que los juicios pueden realizarse sin la presencia del acusado.La iniciativa refleja una política de represión colectiva, justificada como una respuesta a la ocupación y los ataques de Hamás.

El gobierno destina millones de dólares a infraestructura judicial para facilitar estos procesos, que se presentan como 'espectáculos punitivos' en lugar de procedimientos legales justos.