El Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que abra una investigación ante la posible existencia de sistemas de escucha o vigilancia instalados de forma ilícita en dependencias judiciales.

Esta petición surge tras las declaraciones del comisario Manuel Morocho durante su testimonio en el juicio del caso Kitchen, en las que expresó sospechas sobre la posibilidad de que algún magistrado de la Audiencia Nacional pudiera estar siendo espiado en su despacho o en sus comunicaciones.

Según el comunicado, estas afirmaciones, difundidas ampliamente por los medios de comunicación, resultarían de extrema gravedad si se confirmaran, ya que implicarían una vulneración de derechos fundamentales de miembros de la judicatura y un ataque directo a la independencia judicial.

JJpD subraya que cualquier intento de interferencia en la labor de los tribunales comprometería seriamente el funcionamiento del Estado de Derecho y la seguridad en el ejercicio de la función jurisdiccional.

La asociación judicial considera que el CGPJ, como órgano encargado de velar por la independencia de los jueces, debe esclarecer de inmediato lo sucedido, determinar si existieron intentos de espionaje o injerencias por parte de autoridades gubernamentales o policiales, y, en caso de confirmarse, trasladar los hechos al Ministerio Fiscal para depurar responsabilidades.

Asimismo, insiste en la necesidad de garantizar que la labor judicial se desarrolle sin presiones externas ni vigilancia indebida, defendiendo la integridad del sistema judicial español.

El comunicado concluye reclamando una actuación firme del CGPJ para investigar los hechos y, si procede, adoptar medidas legales contra los responsables de cualquier posible práctica ilegal.