La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) determinó mediante la Resolución 2582 que la tasa de seguridad aplicada por Ecuador a las importaciones provenientes de Colombia desde enero de 2026 contraviene la normativa andina de libre comercio.

El organismo ordenó al Estado ecuatoriano eliminar este cobro en un plazo de 10 días hábiles, aunque el Gobierno decidió impugnar la resolución y mantener vigente la medida mientras se tramitan los recursos legales correspondientes.

Según especialistas consultados en la noticia, las resoluciones de la CAN tienen aplicación inmediata y los recursos presentados no suspenden su cumplimiento.

Esto significa que las empresas y personas que pagaron la tasa cuentan con fundamentos legales para solicitar la devolución de los valores cancelados.El procedimiento recomendado consiste en presentar primero un reclamo administrativo ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).

En caso de una negativa, los afectados pueden acudir al Tribunal Contencioso Tributario y solicitar que se considere la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA).

Expertos en comercio exterior señalan que existe un precedente similar ocurrido en 2017, cuando una tasa comparable también fue declarada incompatible con la normativa andina y posteriormente se realizaron devoluciones.

Además, recuerdan que el TJCA estableció que los cobros considerados ilegales deben ser restituidos desde su origen y no únicamente desde la fecha en que son anulados.

Mientras continúan las impugnaciones de Ecuador y Colombia, el debate se centra en cuándo iniciar los reclamos y en el impacto económico que podrían generar las devoluciones e intereses acumulados para el Estado ecuatoriano.