La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado el proceso para revisar y posiblemente eliminar la regulación del sistema conocido como MARCO, que obliga a Telefónica a ofrecer a sus competidores acceso a su infraestructura física —como conductos, postes y arquetas— a precios regulados.

Esta infraestructura es clave para que operadores como Orange, Digi, Vodafone o MásOrange puedan desplegar sus redes de fibra óptica utilizando la red de Telefónica.

Hasta ahora, estos precios estaban fijados por el regulador tras un análisis de costes, lo que ha permitido el desarrollo de ofertas de fibra muy competitivas en España.

Sin embargo, la CNMC plantea sustituir este marco regulado por compromisos voluntarios de Telefónica durante los próximos cinco años, en los que se contempla una subida progresiva de precios de hasta un 17% anual.

Según las estimaciones, esto podría duplicar el coste del alquiler de estos conductos en ese periodo, con un impacto significativo en los márgenes de los operadores alternativos.

Varias compañías del sector han mostrado su preocupación y han solicitado la intervención de la Comisión Europea para evitar la liberalización de estos precios, argumentando que podría encarecer las tarifas de fibra para los usuarios finales.

Telefónica, por su parte, defiende la medida señalando que los precios actuales son bajos en comparación con otros países europeos y que el cambio reflejaría mejor los costes reales de mantenimiento de la infraestructura.

El proceso aún se encuentra en fase de consulta y análisis, por lo que no se espera una decisión definitiva hasta 2027, momento en el que la propuesta podría modificarse sustancialmente.