La Comunidad de Madrid, bajo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, adjudicó un total de diez contratos menores entre 2023 y 2024 a dos empresas vinculadas a una red empresarial investigada por la Agencia Tributaria.Según la documentación analizada, estas adjudicaciones, por un importe conjunto de más de 170.000 euros, recayeron en Matriz Sostenible SL y Mérida Capital SL, sociedades relacionadas con el empresario Julio Martínez.

Los contratos, otorgados por las consejerías de Economía y Presidencia, corresponden a trabajos de mantenimiento, reformas y adecuación de instalaciones públicas, como oficinas de empleo y edificios administrativos.Al tratarse de contratos menores, no requieren concurso público, lo que permite su asignación directa.La investigación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha detectado irregularidades en la actividad económica de estas empresas.

En el caso de Mérida Capital SL, su facturación declarada es mínima o inexistente en varios ejercicios, pese a registrar movimientos bancarios muy superiores, con más de 800.000 euros en entradas de fondos entre 2020 y 2025.Esta discrepancia ha levantado sospechas sobre posibles prácticas irregulares.Por su parte, Matriz Sostenible SL también presenta un volumen de operaciones financieras elevado en comparación con su actividad declarada.

Ambas sociedades forman parte de un entramado más amplio compuesto por decenas de empresas, algunas de ellas inactivas, que están siendo analizadas en el marco de una investigación judicial relacionada con presuntos delitos económicos.

El caso se enmarca en una investigación más amplia que afecta a diversas figuras públicas y empresas, y que pone el foco en la contratación pública y el uso de redes societarias para canalizar fondos.La información ha generado polémica política al cuestionar los mecanismos de adjudicación utilizados por la administración autonómica.