La reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha reavivado un debate de larga data: la corrupción en España no es un problema aislado de individuos concretos, sino un rasgo estructural del sistema político surgido de la Transición y consagrado en la Constitución de 1978.

Desde los casos Gürtel y los ERE andaluces hasta las tramas de las mascarillas durante la pandemia, se observa un patrón repetitivo de escándalos que afecta tanto al PP como al PSOE, demostrando que el problema no reside en un partido específico sino en la estructura misma del régimen.

La Constitución de 1978, el bipartidismo consolidado, la impunidad de facto de las élites, la debilidad del control democrático y las puertas giratorias entre lo público y lo privado han generado un ecosistema propicio para la corrupción.

Según el artículo, las reformas superficiales y medidas anticorrupción no bastan; lo que se requiere es una transformación democrática profunda que incluya una nueva Constitución, la limitación de las puertas giratorias, la democratización de la Justicia, la transparencia en la financiación de los partidos y la priorización de los intereses de los trabajadores y las clases populares.Solo con un cambio estructural se podrá combatir de manera efectiva la corrupción en España y garantizar una democracia real.