La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió desestimar un planteo del Poder Ejecutivo que buscaba apartar a jueces y ministros del tribunal en la causa vinculada al financiamiento de las universidades públicas.

El conflicto se origina en una acción judicial impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectores de distintas universidades, quienes reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la recomposición del salario docente.

El Gobierno había intentado recusar a un juez de primera instancia y a un camarista, argumentando que tenían vínculos con universidades públicas en las que ejercen la docencia, lo que —según el Ejecutivo— podía afectar su imparcialidad.Incluso solicitó que los propios integrantes de la Corte se excusaran de intervenir por razones similares.

Sin embargo, el máximo tribunal rechazó todos esos planteos al considerar que no se acreditó ninguna causal válida de excusación ni un interés personal directo en el caso.

En su fallo, la Corte sostuvo que la actividad docente en universidades públicas no implica necesariamente un conflicto de interés y recordó que los mecanismos de recusación y excusación deben aplicarse de forma excepcional y restrictiva para no afectar el principio del juez natural.

También indicó que el pedido para que los ministros del tribunal se apartaran era inadmisible, ya que esa facultad no corresponde a las partes del proceso.

De esta manera, la causa continuará su curso con los mismos magistrados inicialmente designados, manteniéndose el debate judicial sobre la aplicación del decreto 759/2025 y la obligación del Estado de garantizar los fondos establecidos por la ley universitaria.