El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva cuestionó duramente la decisión de Estados Unidos de clasificar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV), las dos principales organizaciones criminales de Brasil, como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados.

La medida, impulsada por la administración de Donald Trump, generó un conflicto diplomático debido a sus posibles implicancias sobre la soberanía brasileña y el alcance de futuras acciones estadounidenses contra estos grupos.

Lula sostuvo que Brasil no aceptará injerencias externas y criticó especialmente al senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien se atribuyó parte de la iniciativa tras reunirse con Trump.

El mandatario brasileño acusó a Flavio de actuar en contra de los intereses nacionales y advirtió que la decisión podría abrir la puerta a operaciones o sanciones con impacto sobre instituciones financieras vinculadas, incluso indirectamente, a estas organizaciones.

La especialista en crimen organizado transnacional Carolina Sampó explicó que la designación responde principalmente a una estrategia de política pública estadounidense para ampliar las herramientas legales disponibles en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, remarcó que tanto el PCC como el Comando Vermelho persiguen fines económicos y no políticos, por lo que no encajan en la definición tradicional de organizaciones terroristas.El debate de fondo gira en torno a quién tiene la autoridad para definir la naturaleza de estas amenazas.

Mientras Brasil considera que se trata de organizaciones criminales que deben ser combatidas mediante mecanismos policiales y judiciales, Washington busca encuadrarlas dentro de la categoría de terrorismo para justificar medidas más amplias de inteligencia, sanciones y cooperación internacional.