El informe presentado por la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) analiza la evolución del acceso a la eutanasia en España durante 2025, cinco años después de la entrada en vigor de la ley.Según los datos preliminares del Ministerio de Sanidad, se registraron 1.284 solicitudes de eutanasia, lo que supone un incremento respecto a años anteriores, y se llevaron a cabo 575 procedimientos.

Sin embargo, el dato más preocupante es que 374 personas fallecieron antes de que su solicitud fuera resuelta, lo que representa el 31,5% del total de peticiones.

La organización denuncia que los retrasos administrativos, las diferencias entre comunidades autónomas y la falta de recursos están provocando que muchos pacientes no lleguen a tiempo a recibir este derecho.

Aunque la media de resolución de los expedientes ha mejorado ligeramente hasta los 73 días, sigue superando ampliamente los 35-40 días que establece la ley.Además, el 13% de las solicitudes fueron denegadas.El informe también destaca importantes desigualdades territoriales.

Comunidades como Catalunya, Navarra y Euskadi presentan tasas más altas de aplicación de la ley, mientras que otras como Murcia o la Comunidad Valenciana muestran cifras significativamente más bajas.Esta variabilidad evidencia, según DMD, una aplicación desigual del derecho a morir dignamente en el territorio español.

La asociación propone medidas como la creación de protocolos comunes, mejoras en la evaluación de los casos y la puesta en marcha de unidades especializadas para agilizar el proceso.

El objetivo es reducir demoras, garantizar la equidad territorial y evitar que pacientes en situación de sufrimiento extremo mueran antes de poder ejercer su derecho.