La Fiscalía investiga la decisión de la Generalitat Valenciana de anular varias sanciones impuestas a empresas por la Inspección de Trabajo durante la emergencia provocada por la dana que afectó a la Comunidad Valenciana.

Según la información publicada, los inspectores habían propuesto multas al considerar que determinadas compañías no adoptaron medidas suficientes para proteger a sus trabajadores pese a los avisos meteorológicos de nivel rojo emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las actas de infracción señalaban que dichos avisos advertían de un riesgo extraordinario e inminente, con posibles consecuencias muy graves o incluso catastróficas, lo que obligaba a extremar las medidas preventivas y evitar desplazamientos innecesarios.

Sin embargo, la Dirección General de Trabajo de la Generalitat dejó sin efecto varias de estas sanciones al interpretar que la dana constituyó un supuesto de fuerza mayor.

Las resoluciones administrativas sostienen que, aunque existían alertas y recomendaciones por fuertes lluvias, la magnitud real del fenómeno y sus efectos no podían preverse.

La administración autonómica argumentó que se trató de un acontecimiento extraordinario e inevitable, cuya intensidad superó los riesgos ordinariamente contemplados.

Para respaldar esta posición se apoyó en jurisprudencia y en referencias a los decretos aprobados por el Gobierno central tras la catástrofe, que la calificaron como uno de los mayores desastres naturales recientes en España.El Ministerio de Trabajo cuestionó esta interpretación y denunció que la retirada de las sanciones carecía de justificación suficiente.

La Fiscalía especializada en Delitos contra la Administración Pública estudia ahora si las resoluciones adoptadas por la Generalitat pudieron ser arbitrarias o incluso tener relevancia penal.