La columna analiza cómo en Guatemala se utiliza un lenguaje ambiguo en la política criminal del Ministerio Público, lo que genera confusión sobre su verdadero objetivo: reducir la criminalidad.

El autor explica que términos como “política criminal” no reflejan acciones concretas contra los delitos, y que la población y los medios tienden a usar palabras genéricas o deformadas, lo que profundiza el malentendido.Además, se menciona la diferencia entre enfoques criminológicos y criminalísticos, que serían más precisos para definir la política institucional.

Se critica la práctica de usar vocabulario acortado o popular que degrada la claridad del lenguaje oficial, así como la tendencia a crear normas lingüísticas propias que desvirtúan conceptos jurídicos, como la denominación de “acción” para procedimientos constitucionales.

Finalmente, el autor cuestiona si la renovación del Ministerio Público permitirá abandonar la vaguedad terminológica y aplicar una verdadera política para el abatimiento del crimen, evitando favoritismos, omisiones y uso indebido de la prisión preventiva.