La Justicia federal resolvió hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó suspender de manera inmediata los despidos y el proceso de reestructuración en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

El fallo dispone que las autoridades se abstengan de ejecutar cualquier acción administrativa derivada de la Resolución 42/2026, incluyendo cesantías, traslados o modificaciones en la estructura del organismo, así como movimientos de equipamiento técnico asociado a los servicios afectados.

Además, garantiza la continuidad laboral de los trabajadores implicados, manteniendo sus categorías, salarios y condiciones vigentes, junto con la continuidad de los programas técnicos, de certificación y asistencia tecnológica.

La decisión judicial se apoya en normativas constitucionales y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegen los derechos laborales y limitan la modificación unilateral de condiciones de trabajo en el sector público.

El fallo también remarca la situación de vulnerabilidad de los trabajadores y la necesidad de una protección cautelar reforzada ante posibles despidos masivos o cambios estructurales que afecten derechos esenciales.

Desde ATE, su secretario general Rodolfo Aguiar celebró la resolución y la consideró un avance en la defensa del empleo público, al tiempo que cuestionó la política del Gobierno respecto del INTI, al que acusan de estar en un proceso de desmantelamiento.

En sus declaraciones, sostuvo que la decisión judicial frena un “vaciamiento institucional” y advirtió que continuarán las acciones gremiales para impedir recortes y reformas que afecten al organismo técnico.El conflicto se enmarca en una disputa más amplia sobre el rol del Estado y la reorganización de organismos públicos en el contexto actual.