El gobierno chileno, a través de La Moneda, se vio obligado a intervenir para reducir la tensión dentro del oficialismo tras el anuncio de una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

La situación se originó luego de que el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconociera un error de más de 10 mil millones de dólares en la proyección de la deuda pública 2026-2030.

Esto motivó que los partidos Republicano y Nacional Libertario presionaran a Chile Vamos para respaldar la acusación, generando rechazo en la UDI y RN por considerar que podría dificultar el diálogo con la oposición y obstaculizar la aprobación del proyecto de Reconstrucción Nacional.

La pugna escaló cuando el diputado republicano Agustín Romero aumentó los emplazamientos, provocando una respuesta crítica de la UDI, que pidió madurez política.

El subsecretario del Interior y vocero, Máximo Pavez, declaró que el gobierno respeta las atribuciones de los parlamentarios, pero no comparte las etiquetas políticas y enfatizó que no hay daños que controlar.

Recalcó que los matices internos en la coalición son normales y que el ambiente dentro del gobierno es adecuado para apoyar la megarreforma y el programa presidencial.En síntesis, La Moneda busca mantener la cohesión oficialista y evitar que las diferencias internas afecten la agenda legislativa del gobierno.