La Universidad Complutense de Madrid (UCM) afronta una grave situación financiera que la ha llevado a aplicar un plan de ajuste para equilibrar sus cuentas y empezar a devolver un crédito de 33 millones de euros solicitado a la Comunidad de Madrid.

Según diversas fuentes del centro, la universidad ha ordenado a sus facultades reducir grupos, eliminar turnos —especialmente de tarde— y suprimir asignaturas optativas con baja matrícula, lo que implica una reducción significativa de la oferta académica para el próximo curso.

El ajuste se enmarca en un Plan Económico y Financiero que incluye también recortes previos en gastos generales y una creciente presión sobre el profesorado, que en algunos casos estaría impartiendo más horas de docencia de las establecidas en sus contratos.Además, se advierte de posibles consecuencias para los centros que no propongan recortes, como la falta de sustituciones o cobertura de bajas.

Entre las medidas más controvertidas destacan el cierre de grupos en varias facultades, la posible eliminación de turnos completos y la reubicación de estudiantes en aulas más masificadas, lo que podría elevar las ratios a niveles similares a los anteriores al Plan Bolonia.

La situación ha generado protestas estudiantiles y tensiones internas, incluyendo la dimisión de una decana en la Facultad de Documentación tras conflictos con la comunidad universitaria.

El origen del problema se atribuye a la infrafinanciación sostenida por parte de la Comunidad de Madrid, que habría provocado un déficit acumulado de 140 millones de euros en dos años.

El Gobierno regional, por su parte, niega la existencia de recortes y defiende su política de financiación, lo que ha intensificado el debate político sobre el modelo de financiación universitaria en la región.