La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lleva meses a la espera de la autorización judicial para acceder a las cuentas bancarias y sociedades de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La investigación se centra en un presunto soborno relacionado con una comisión de 2 millones de euros en la compra de mascarillas, donde González Amador y un alto directivo de Quirón Prevención habrían estado implicados.

La anterior titular del juzgado, Inmaculada Iglesias, emitió una orden en julio de 2025 para que la UCO elaborase un informe sobre estos hechos, pero la tramitación se ha ralentizado debido a la carga de trabajo y prioridades del nuevo magistrado, Antonio Viejo.

Ante esta situación, Más Madrid ha solicitado formalmente que se permita a la Guardia Civil acceder a toda la información financiera relevante, argumentando que es la única manera de esclarecer completamente los hechos y garantizar la transparencia en el juicio sobre los presuntos sobornos.

La portavoz del partido, Manuela Bergerot, ha insistido en la necesidad de “seguir la pista del dinero” para esclarecer los negocios de Ayuso y sus posibles irregularidades.