La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, la Misión de Verificación de la ONU y la Conferencia Episcopal de Colombia emitieron un comunicado el 21 de mayo mostrando su profunda preocupación por el grave deterioro de la seguridad en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

La confrontación entre grupos armados ha provocado amenazas, ataques directos y estigmatización contra la población civil, líderes sociales, juntas de acción comunal y autoridades locales, generando consecuencias humanitarias inaceptables.

Este pronunciamiento se da luego del asesinato de seis personas, incluyendo a un líder social protegido por la Unidad Nacional de Protección, en la vereda Oropoma de Ábrego.

La zona, rica en recursos naturales pero con altos índices de pobreza y baja cobertura estatal, ha sido históricamente disputada por la guerrilla del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.

Durante los primeros cinco meses del 2026 se han registrado 56 masacres, con 229 víctimas, más del doble que en el mismo periodo del año anterior, según Indepaz.

Los organismos internacionales hicieron un llamado a los grupos armados para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario y al Estado para garantizar la protección integral de la población en la región.