Alejandra Verónica Romero Castillo, nacida en 1993, se ha convertido en una figura central del sistema judicial venezolano, al frente del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en delitos de terrorismo.Su trayectoria refleja la opacidad y politización de la justicia en Venezuela, con ascensos rápidos sin transparencia ni méritos verificables.

Romero Castillo ha intervenido en casos emblemáticos contra opositores, defensores de derechos humanos y procesos de corrupción, destacando juicios contra Rocío San Miguel, Rafael Tudares, Luis Guillermo Istúriz y cinco acusados de un supuesto complot contra la Asamblea Nacional.

Estos procesos han estado marcados por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, audiencias sin defensa adecuada y reinicios de juicios, según denuncias de organizaciones como WOLA, Foro Penal, Provea y Amnistía Internacional.

Además, su participación reciente en el macrojuicio Pdvsa-Cripto muestra la ampliación de la jurisdicción antiterrorista para incluir casos de corrupción con intereses económicos y políticos.

Su perfil es representativo de un sistema judicial donde la lealtad política, la opacidad y la subordinación al poder predominan sobre la independencia, el mérito y la transparencia.

Romero Castillo simboliza cómo la justicia en Venezuela ha sido utilizada como herramienta de control y persecución selectiva, reflejando un patrón de impunidad y represión institucional.