Una organización internacional vinculada al Colegio de Abogados de Nueva York, el Cyrus R.Vance Center for International Justice, en colaboración con Dilemas de Fondo, presentó una propuesta para crear una Unidad Especializada de Revisión y Descriminalización (UERD) dentro del Ministerio Público de Guatemala.

Esta unidad, bajo la dirección del fiscal general Gabriel García Luna, tendría como objetivo revisar casos de presunta persecución política y criminalización ocurridos entre 2018 y 2026, afectando a jueces, periodistas, defensores de derechos humanos y otros actores sociales.

La propuesta busca identificar expedientes espurios, promoviendo desestimaciones, sobreseimientos o cierre de procesos, especialmente priorizando a personas encarceladas, exiliadas o con órdenes de captura vigentes.

También plantea un registro público de los casos revisados y mecanismos de coordinación con organizaciones civiles y organismos internacionales, además de investigar a funcionarios que hayan participado en procesos considerados de criminalización.

Según el documento, la criminalización en Guatemala ha sido documentada por la CIDH y otras organizaciones, destacando patrones como denuncias múltiples contra una misma persona, uso abusivo de prisión preventiva y afectaciones al debido proceso.

La iniciativa enfatiza que no busca generar impunidad, sino corregir procesos ilegítimos, permitiendo que los casos con sustento jurídico sigan su curso legal.