El proyecto de Ley Antimafias presentado en Ecuador propone reformas a tres cuerpos legales: el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Extinción de Dominio y el Código Orgánico de la Función Judicial, con el fin de fortalecer la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado.

La iniciativa introduce la inhabilitación profesional para abogados que hayan sido condenados por delitos relacionados con delincuencia organizada, lavado de activos, corrupción u obstrucción de la justicia, asegurando que no puedan utilizar su posición para favorecer estructuras criminales.

La ley también busca que la acción judicial abarque a toda la red criminal, desde cabecillas hasta colaboradores indirectos, responsabilizando a jueces y funcionarios que otorguen medidas que permitan la continuidad de las actividades ilícitas.

Otro punto clave es la incautación de bienes vinculados a grupos delictivos, cuya gestión se orienta a cumplir una función social y evitar gastos innecesarios de custodia.El proyecto se elaboró con asesoría del Gobierno italiano y será tratado en la Asamblea Nacional, con prioridad en la agenda legislativa.

Autoridades como la vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, y el ministro del Interior, John Reimberg, enfatizan que la ley no afectará la defensa legítima de los abogados, sino que sancionará el uso de la profesión para facilitar el crimen organizado.

El objetivo final es crear un marco legal sólido, aplicable y eficiente para desarticular estructuras delictivas complejas que amenazan la seguridad y los recursos públicos en Ecuador.