El gobierno chileno presentó una reforma constitucional que establece el consumo de drogas ilícitas como causa para la desvinculación de autoridades públicas.

La iniciativa, firmada por el Presidente José Antonio Kast, requiere que ministros, parlamentarios, gobernadores, alcaldes y otros funcionarios sometanse a exámenes periódicos para detectar el uso de sustancias estupefacientes o sicotrópicas.La medida busca unificar criterios de control, ya que la normativa actual es fragmentada.La propuesta surge tras la renuncia del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, quien dio positivo en un test de drogas.El Ejecutivo sostiene que la reforma busca garantizar la integridad de las instituciones y la confianza ciudadana.Los resultados de los controles serán públicos, y en caso de positivo, la salida del cargo se aplicará según normas vigentes.

La medida abarca a múltiples cargos públicos y genera debate sobre la necesidad de sanciones claras y la posibilidad de reincorporación si los resultados son negativos en análisis posteriores.