La investigación judicial sobre una presunta trama de fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos, en la que figura el empresario Víctor de Aldama, ha revelado problemas en la eficacia de las medidas cautelares adoptadas por la Audiencia Nacional.

Según la documentación remitida al juez Santiago Pedraz, algunas de las órdenes de bloqueo de cuentas bancarias llegaron cuando ya habían sido canceladas o habían quedado sin fondos, lo que ha dificultado la recuperación de posibles activos vinculados al fraude.

El caso, que inicialmente estimó un perjuicio de unos 185 millones de euros, podría superar los 360 millones según nuevas estimaciones de los investigadores.

Las entidades bancarias informaron de distintas situaciones: una cuenta mantenía un saldo reducido, otras habían sido vaciadas antes de la orden judicial, y varias ya estaban canceladas incluso meses antes de la operación policial.Esta circunstancia ha generado preocupación sobre la rapidez con la que la red investigada habría movido o eliminado fondos.Además del bloqueo de cuentas, el juez mantiene medidas sobre casi 300 cuentas, decenas de inmuebles y vehículos de lujo incautados.

En este contexto, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos ha propuesto la venta anticipada de algunos vehículos de alta gama, valorados en más de 600.000 euros, para evitar su deterioro y pérdida de valor mientras dura el proceso judicial.

La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional, también analiza la estructura empresarial presuntamente utilizada para defraudar mediante operaciones ficticias de compraventa de carburantes y el uso de sociedades interpuestas para eludir el pago del IVA.