El impacto de la viralidad sobre el debate político en Ecuador
La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) presentó por segunda ocasión un pedido de juicio político en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, alegando un presunto incumplimiento de funciones relacionado con el caso Progen.
La solicitud fue ingresada el 27 de mayo de 2026 por los asambleístas Lenin Barreto y Blasco Luna, con el respaldo de 45 firmas, y se centra en la contratación de la empresa estadounidense Progen para proyectos de generación eléctrica en las centrales El Salitral y Quevedo.
Según los legisladores, el caso implica presuntas irregularidades en contratos que habrían generado un perjuicio superior a los 100 millones de dólares, señalando que la empresa no estaba domiciliada en Ecuador y aun así recibió adjudicaciones y pagos.
Además, argumentan que la exministra habría autorizado pagos adicionales en junio de 2025 pese a advertencias previas sobre inconsistencias en la ejecución del proyecto.
Esta no es la primera vez que la RC impulsa un proceso similar: en julio de 2025 ya se había presentado una solicitud de juicio político contra Manzano por los mismos hechos, pero fue archivada en agosto de ese año por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) al no alcanzar los votos necesarios para su calificación.
Los asambleístas insisten en que el CAL debe tramitar el nuevo pedido sin trabas y recalcan la necesidad de que la Asamblea ejerza su rol fiscalizador frente a posibles actos de corrupción.Mientras tanto, el caso Progen también ha generado procesos judiciales paralelos, con otros exfuncionarios procesados por presunto peculado.
El nuevo intento de juicio político reabre el debate político en la Asamblea Nacional sobre la responsabilidad en la gestión de contratos energéticos y el control del uso de recursos públicos en Ecuador.
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