Este 22 de mayo, decenas de activistas del Sindicato de Inquilinas de Madrid han llevado a cabo un encierro en la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para protestar contra la subasta de 800 viviendas públicas gestionadas por este organismo.

Los participantes exigen que estas propiedades permanezcan en el parque público y se destinen a alquiler social permanente, denunciando que la venta a inversores privados supondría un perjuicio para las familias que llevan décadas residiendo en ellas.

La acción forma parte de una campaña de desobediencia civil que busca visibilizar la contradicción del Gobierno, que por un lado promueve la ampliación del parque público de vivienda, y por otro permite la venta de inmuebles que podrían formar parte de él.

Tras varias horas de ocupación, el Sindicato anunció que había logrado un compromiso del Gobierno para cesar las subastas y transferir todas las viviendas a la empresa estatal Casa47, con el objetivo de crear un parque permanente de vivienda social.La movilización se enmarca además en la preparación de la gran manifestación del 24 de mayo bajo el lema “La vivienda nos cuesta la vida.

Bajemos los precios”, que recorrerá desde Atocha hasta el metro de Sevilla, mostrando la creciente presión social por una política de vivienda más justa.