El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha llevado al Congreso de los Diputados la actividad empresarial del juez Juan Carlos Peinado en el ámbito de las carreras de caballos, ante la posible vulneración del artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Este artículo prohíbe a los miembros de la judicatura cualquier actividad mercantil permanente en sectores como la hípica, el golf o la preparación de oposiciones.Según la investigación de El Periódico, Peinado y su hija Patricia poseen cinco cuadras que han generado casi 767.

000 euros en premios desde 2008, con un aumento significativo de la actividad en los últimos años, incluyendo carreras en París Longchamp y otros hipódromos.

Patricia Peinado, concejala del PP en Pozuelo de Alarcón, habría participado en competiciones sin declarar su propiedad de caballos en su declaración de bienes municipales.

El diputado Alberto Ibáñez ha presentado preguntas al Congreso para conocer cuántos expedientes se han abierto en los últimos años contra jueces por incumplir la normativa y cuántas inspecciones de la Agencia Tributaria se han llevado a cabo en estos casos.

Desde Sumar se subraya la importancia de mantener la integridad de todos los poderes del Estado para garantizar la democracia y el Estado de Derecho, y se solicita que los ministerios de Justicia y Hacienda investiguen los hechos y, de ser necesario, presenten denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial.