El fiscal general del Estado (e), Carlos Alarcón, explicó que la suspensión provisional del movimiento político Amigo fue una decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), no de la Fiscalía.

La medida, adoptada tras una denuncia reservada presentada por la institución, mantendrá suspendido el registro permanente de la organización durante nueve meses.

Alarcón aclaró que la investigación se inició luego de que una denuncia sobre presunto lavado de activos ingresara al sistema 1-800-DELITO, lo cual generó un parte policial que derivó en una indagación previa.

El fiscal destacó que su rol fue informar al TCE sobre la investigación, ya que el artículo 374 del Código de la Democracia obliga a hacerlo cuando se investigue a una organización política por lavado de activos.Negó acusaciones de persecución política o injerencia del Gobierno, afirmando que la actuación fue solo basada en la denuncia y la ley.La suspensión fue ordenada por el TCE tras analizar la información recibida, lo cual generó protestas correístas en Quito.Alarcón rechazó cualquier coordinación con el Ejecutivo de Daniel Noboa, destacando que las coincidencias públicas no implican relación política.