La situación financiera de la empresa Air-e, encargada del servicio de energía en varios departamentos del Caribe colombiano, continúa generando preocupación y debate entre el Gobierno nacional y los organismos de control.

La Contraloría General de la República advirtió recientemente sobre el deterioro de las finanzas de la compañía intervenida, señalando el crecimiento de sus obligaciones y la incertidumbre sobre su sostenibilidad tras la intervención estatal iniciada en 2024.

Estas advertencias se suman a pronunciamientos previos de la Procuraduría, que también ha solicitado claridad sobre el manejo administrativo y financiero de la empresa.

En respuesta, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, cuestionó la oportunidad del informe de la Contraloría y defendió la gestión del Gobierno, asegurando que la empresa ya enfrentaba una crisis estructural antes de la intervención.

Sin embargo, el propio ministro reconoció que las deudas de Air-e han seguido aumentando, lo que coincide con alertas de actores del sector eléctrico sobre riesgos para la estabilidad del sistema por retrasos en pagos a generadoras y comercializadoras.

El nuevo agente especial de la compañía, Jaime Mesa Buitrago, admitió que el Fondo Empresarial no cuenta con recursos suficientes para cubrir todas las obligaciones acumuladas, lo que evidencia las limitaciones financieras del proceso de intervención.

Paralelamente, el Gobierno impulsa programas de transición energética como Colombia Solar y Caribe Cambia tu Energía, orientados a reducir el consumo eléctrico en hogares vulnerables mediante energías renovables y equipos eficientes.

A pesar de estas iniciativas, persiste la incertidumbre sobre el futuro de Air-e, considerada clave para el suministro eléctrico de millones de usuarios en la región Caribe.

El choque institucional y la falta de recursos mantienen abierta la discusión sobre la viabilidad de la empresa y las decisiones que deberá tomar el Estado en el corto plazo.