La revista The Economist publicó un análisis sobre el impacto de la política de máxima presión aplicada por la administración de Donald Trump contra el gobierno cubano durante 2026.

Según el artículo, las más de 240 sanciones impuestas desde enero han agravado significativamente la crisis económica de la isla, afectando especialmente a entidades vinculadas al conglomerado militar GAESA y a sectores estratégicos como la minería, la energía y el turismo.

Entre las consecuencias señaladas se encuentran una fuerte reducción de las importaciones energéticas, prolongados apagones en buena parte del país y una contracción económica estimada por la CEPAL del 6,5 % para este año.

El análisis destaca además la salida de Sherritt International, empresa canadiense que durante décadas fue uno de los principales socios extranjeros de Cuba en la explotación del níquel.

La publicación plantea una paradoja: aunque las sanciones están profundizando el deterioro económico actual, también podrían crear condiciones para una eventual reestructuración económica si se produjera un cambio político significativo en la isla.

The Economist considera que una futura recuperación dependería de reformas profundas, de la existencia de seguridad jurídica y de la capacidad para atraer inversiones.

En ese contexto, se menciona el posible papel del capital cubanoamericano, con estimaciones que apuntan a miles de millones de dólares disponibles para invertir en una Cuba abierta a la iniciativa privada.

El reportaje también señala que el debate sobre el futuro de Cuba trasciende la economía y se extiende a aspectos geopolíticos y estratégicos, en medio de una creciente presión de Washington sobre el gobierno cubano.