Los diputados de la UDI, Flor Weisse, Sergio Bobadilla y Daniel Lilayu, exigieron al gobierno y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) recuperar los recursos públicos pagados a la familia de Bernarda Vera, una mujer que fue identificada como desaparecida durante la dictadura pero luego confirmada viviendo en Argentina mediante un examen de ADN.

El caso se remonta a 1973, cuando ocurrió la 'masacre de Liquiñe', y el Estado otorgó pensiones a su madre y hija, así como un beneficio por discapacidad que continúa vigente.

Los congresistas cuestionaron la entrega de millones de pesos públicos durante décadas y solicitaron investigar responsabilidades y restituir los fondos considerados fraudulentos.La confirmación del estado vital de Vera generó una llamada a la transparencia y al uso adecuado de recursos estatales.