El abogado ambiental Paul Powlesland, de 40 años, se enfrenta a una investigación por parte de la Environment Agency (Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido) tras haber participado en la limpieza de un tramo del río Roding, en el este de Londres, sin contar con la licencia necesaria para realizar este tipo de trabajos.El caso ha generado debate público sobre la regulación ambiental y la participación ciudadana en la restauración de ecosistemas urbanos.

Powlesland, que también vive en una casa flotante en el propio río, organizó junto a voluntarios de la River Roding Trust una jornada de limpieza en la que retiraron más de 200 bolsas de basura del cauce.Entre los residuos recogidos se encontraban envases, electrodomésticos, agujas e incluso armas.Para facilitar la labor, el grupo llegó a alquilar una excavadora por unas 1.000 libras.Según los participantes, la intervención buscaba mejorar el estado ecológico del río y favorecer el regreso de la fauna local.

Sin embargo, pocos días después de la actuación, Powlesland recibió una notificación oficial informándole de que estaba siendo investigado por operar sin los permisos requeridos.La infracción podría conllevar hasta dos años de prisión.

El abogado ha criticado la actuación del organismo regulador, defendiendo que las autoridades deberían colaborar con iniciativas ciudadanas en lugar de perseguirlas.

La Environment Agency sostiene que los permisos son necesarios para evitar daños colaterales en el entorno, como riesgos de inundación o alteraciones del ecosistema.

Por su parte, Thames Water ha defendido la legalidad de sus infraestructuras de vertido, mientras el abogado denuncia posibles fuentes de contaminación aguas arriba.El caso ha reabierto el debate sobre la gestión de los ríos urbanos y el equilibrio entre regulación y activismo ambiental.