Juan Carlos Nieto, funcionario con 37 años de trayectoria en la Administración y destinado en la oficina del SEPE en Mérida, se encuentra en el centro de la polémica tras la apertura de un expediente disciplinario por atender a ciudadanos sin cita previa.

Según la investigación, habría realizado gestiones y emitido certificados fuera del procedimiento establecido, lo que la Administración considera una posible falta grave por incumplimiento de instrucciones internas.

El caso ha generado un intenso debate público sobre el sistema de cita previa y el impacto de la digitalización en el acceso a los servicios públicos.

El trabajador defiende que nunca dejó de atender a personas con cita y que su actuación se basaba en aprovechar huecos disponibles para ayudar a usuarios con necesidades urgentes.

Sostiene que el sistema de cita previa, aunque útil para la organización, puede convertirse en una barrera para personas mayores o con dificultades tecnológicas.

El expediente, que podría acarrear hasta seis meses de suspensión de empleo y sueldo, está siendo evaluado por la Subdirección General de Recursos y Organización del SEPE.

El caso ha recibido apoyo ciudadano, sindical y político, con concentraciones en Mérida y la intervención del Defensor del Pueblo, que ha solicitado información sobre el procedimiento.

La controversia ha reabierto el debate sobre si la digitalización de la Administración está generando exclusión social y sobre la necesidad de mantener cierto margen de flexibilidad en la atención presencial.

Nieto insiste en que su objetivo no es político ni de confrontación institucional, sino mejorar la atención pública, destacando que detrás de cada trámite hay personas con situaciones complejas.