El Gobierno español ha hecho públicos los informes elaborados por la comisión creada en el marco de la Ley de Memoria Democrática, en los que se analizan vulneraciones de derechos humanos ocurridas entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y 1983.

Uno de los documentos identifica 63 víctimas mortales relacionadas con actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con grupos de extrema derecha durante la Transición, un periodo que el estudio describe como marcado por una persistencia de la violencia política heredada del franquismo.

Según el informe, 28 de estas muertes fueron causadas por la policía o la Guardia Civil y el resto por organizaciones ultraderechistas como el Batallón Vasco Español, Fuerza Nueva o la Triple A.

Entre los casos citados se encuentran figuras como Yolanda González o el caso Almería, así como fallecimientos en protestas laborales, manifestaciones o controles policiales.El estudio subraya la existencia de abusos de poder, uso excesivo de la fuerza y falta de depuración de los cuerpos policiales tras la dictadura.Además, los expertos señalan que la Transición fue un periodo “gris” en el que convivieron avances democráticos con prácticas represivas.

El informe excluye a miembros de organizaciones terroristas como ETA y se centra en víctimas vinculadas a la defensa de la democracia o a abusos institucionales.

Junto a este análisis, se han presentado otros informes sobre la represión del pueblo gitano y la reparación económica de víctimas del franquismo, que supera los 22.000 millones de euros en ayudas históricas.El Gobierno propone ahora medidas de reconocimiento, reparación institucional y ampliación de estudios sobre torturas y malos tratos.