Después de años de gestiones judiciales y administrativas, Patricia Castro y su madre recuperaron una propiedad familiar en Floresta, Ciudad de Buenos Aires, que había sido ocupada durante la pandemia.

La casa, que funcionaba como hotel-pensión hasta décadas atrás, comenzó a ser alquilada en 2018 y luego fue subalquilada, transformándose en un taller textil clandestino y, por momentos, en un depósito de alimentos.La situación se complicó tras el fallecimiento del padre de Patricia y la falta de pago del alquiler.

La recuperación se concretó gracias a un operativo de la Ciudad que desalojó a cuatro familias de origen boliviano, incluyendo a menores de edad, quienes recibieron asistencia a través de la Red de Atención.La vivienda ahora permanece clausurada debido a riesgos de derrumbe.

Este caso refleja no solo la emergencia habitacional en la capital argentina, sino también las dificultades que enfrentan los propietarios para recuperar sus propiedades y la limitada capacidad histórica del Estado para controlar tomas ilegales.En los últimos meses, se detectaron otros talleres textiles clandestinos, algunos con menores trabajando, mostrando la magnitud del problema.

El caso de la familia Castro es el número 800 de propiedades recuperadas por la Ciudad y evidencia la complejidad de las tomas y la interacción entre la Justicia, organismos estatales y propietarios.