La noticia aborda una investigación sobre la gestión de fondos públicos destinados a centros de Formación Profesional y otros centros educativos de la Comunidad de Madrid entre 2021 y 2023.

Según la información recogida, la Fiscalía y un juzgado investigan posibles irregularidades relacionadas con la adjudicación de obras y reformas que habrían sido financiadas mediante procedimientos que presuntamente evitaron los mecanismos ordinarios de contratación pública.

El caso se originó a raíz de la reclamación de un empresario que aseguraba no haber cobrado por la construcción de un centro de FP sanitaria en Ciudad Escolar.

A partir de esa situación se habrían detectado actuaciones que incluían el fraccionamiento de contratos para evitar concursos públicos y el envío de fondos a centros educativos bajo conceptos genéricos de gastos de funcionamiento.

Las auditorías internas de la propia Comunidad de Madrid, citadas en la información, apuntan a que la Consejería de Educación conocía la magnitud económica de determinadas actuaciones sin que se hubieran tramitado los expedientes administrativos correspondientes.

Entre los responsables políticos mencionados aparecen antiguos cargos de la Consejería durante la etapa de Enrique Ossorio, así como otros altos responsables educativos de la administración autonómica.

La Fiscalía ha señalado una posible omisión reiterada de los procedimientos exigidos por la normativa de contratación pública, mientras que la jueza investiga la existencia de un presunto delito de prevaricación.El procedimiento judicial continúa abierto, con nuevas diligencias y declaraciones pendientes.

Por el momento no existe una resolución judicial firme que determine responsabilidades penales, por lo que los hechos investigados mantienen carácter presunto.