José Luis Rodríguez Zapatero ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho, tasadas en aproximadamente 1,3 millones de euros, proceden de un regalo realizado por el entonces rey de Arabia Saudí, Abdulá bin Abdulaziz Al Saud, durante una visita oficial a España en 2007.

Según la información publicada, el expresidente reconoció el origen de las piezas, aunque indicó que todavía no dispone de toda la documentación necesaria para acreditarlo y solicitó más tiempo para recopilarla.

La investigación judicial se centra en el origen y la situación fiscal de estas joyas, descubiertas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Inicialmente, desde el entorno de Zapatero se había señalado que se trataba de una herencia familiar con un valor muy inferior al determinado posteriormente por los peritos.

La relevancia de la fecha de 2007 radica en que, de confirmarse esta versión, determinadas responsabilidades relacionadas con un posible delito fiscal habrían prescrito por el tiempo transcurrido.

Asimismo, la hipótesis del regalo institucional podría afectar a la acusación de contrabando, ya que las joyas habrían sido entregadas directamente y no introducidas de forma irregular en el país.No obstante, el caso también plantea un debate ético.

El propio Gobierno de Zapatero aprobó en 2005 un Código de Buen Gobierno que establecía que los regalos institucionales de especial relevancia debían incorporarse al patrimonio del Estado.

Aunque expertos citados en la información recuerdan que dicho código tenía carácter orientativo y no contemplaba sanciones específicas, la aceptación y conservación de las joyas podría interpretarse como contraria a esos principios de conducta pública.