El Consejo de la Judicatura de Ecuador enfrenta una acumulación crítica de 1.005 expedientes disciplinarios que corren riesgo de prescripción antes de diciembre de 2026.

Para evitar la impunidad y garantizar la tramitación oportuna de estos casos, el Pleno de la Judicatura, liderado por la presidenta Mercedes Caicedo, ha aprobado un plan emergente que incluye sesiones mensuales incrementadas entre 8 y 13 veces para evacuar las solicitudes pendientes.

Las direcciones provinciales tienen la obligación de remitir los procesos disciplinarios con un mínimo de cuatro meses de anticipación a la fecha estimada de prescripción.Se destacan los meses de mayor riesgo de prescripción, especialmente el último trimestre del año, con diciembre concentrando 244 expedientes.

Además, se ha ordenado una investigación administrativa formal contra el exdirector de la Judicatura de Manabí, acusado de provocar la nulidad de un expediente que derivó en la prescripción de un proceso sancionatorio, así como a otros funcionarios involucrados.

Este plan busca fortalecer la administración judicial y reducir los retrasos que ponen en riesgo la aplicación de sanciones disciplinarias, asegurando transparencia y cumplimiento de los plazos legales.