Una familia formada por una mujer, su hija de 24 años, un joven de 18, un bebé de un año y varios animales de compañía ha denunciado haber sido víctima de un grave episodio de coacciones y violencia para forzar su salida de una vivienda en Cabezuela del Valle (Cáceres).

Según su testimonio, la situación se prolongó durante varios días y fue protagonizada por miembros de una empresa de desocupación privada, APD Security Iberia, a la que acusan de cortar suministros básicos como el agua y la electricidad, bloquear accesos a la finca e intimidar a los ocupantes.

La familia sostiene que vivía en el inmueble con un contrato de alquiler en vigor y que se encontraba al corriente de pago de la renta, aunque mantenía un conflicto con el propietario por supuestas irregularidades en la facturación de los suministros.

La tensión habría escalado tras meses de desacuerdos, llegando a episodios de violencia física y amenazas, según las denuncias recogidas por la afectada.

La intervención, que comenzó a mediados de mayo, incluyó el asedio de la vivienda durante varios días, la inutilización de accesos y la interrupción de servicios esenciales.

La familia afirma que, ante la situación de vulnerabilidad, acudieron servicios sociales y la Guardia Civil, aunque consideran que la respuesta institucional fue insuficiente para protegerlos adecuadamente.

El caso ha reabierto el debate sobre la actuación de empresas de desocupación extrajudicial en España y sus métodos, así como sobre el papel de las administraciones públicas ante situaciones de conflicto habitacional.

La familia asegura que ha tenido que abandonar la vivienda y que todavía tiene pertenencias personales, documentación y animales en el interior del inmueble.