El gobierno ecuatoriano aumentó su inversión en compensaciones para transportistas en un 1.275% durante el primer semestre de 2026, pasando de $8 millones a $110 millones.

Esta medida se tomó tras la modificación del mecanismo de cálculo, que reemplazó un precio fijo por uno variable para reflejar la volatilidad internacional de los combustibles.

El ministro Juan Carlos Blum explicó que el ajuste busca proteger las finanzas públicas y evitar costos políticos, aunque los transportadores expresaron preocupación por posibles aumentos en sus operaciones.

La medida fue defendida como una respuesta a la crisis energética, pero generó debate sobre su impacto en la economía y la sostenibilidad del gasto público.

Expertos destacan que la fluctuación de precios del petróleo y derivados, influenciada por conflictos geopolíticos, exige un enfoque flexible para evitar afectar la estabilidad económica y social.